Bajo el argumento de pagar deudas consolidadas y no consolidadas, el Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de Ley para la emisión de dos tipos de bonos. Por el momento, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, estarían analizando esta posible legislación, sin embargo aprovechando un acto aniversario, Beder Herrera ya confirmó la emisión de esta herramienta financiera.

¿Utilizó la picardía de “pagar grandes deudas”, para financiar su campaña de reelección? Si es tan útil ¿Por qué no lanzaron a penas comenzó su gobierno? ¿Por qué lo hace ahora, a meses de las elecciones de 2011?

Con los bonos, buscan “patear para adelante” la responsabilidad de pagar. Gastarán ahora el dinero para pagar los costos de hoy; y mañana el próximo gobierno será quien deba arreglar el problema. Más que 100 millones de pesos, para solucionar la situación financiera de la provincia, podrían ser 100 millones de dolores de cabeza para los riojanos que deban recibir esos bonos para cobrar sus deudas.

Cómo comienza la historia

El 8 de julio, la Función Ejecutiva envió a la Cámara de Diputados un proyecto que dispone la modificación de la Ley Nº 7.112 de consolidación de deudas y sus complementarias y la creación de un nuevo Bono de Cancelación. Esta Ley, es la adhesión de La Rioja a la Ley Nacional N° 25.344 de Emergencia Económica - Financiera Nacional.

Con esto, pretenden emitir dos bonos por un total de 100 millones de pesos (50 millones cada uno), a 16 años, con la garantía de los ingresos por impuestos provinciales. Procuran emitir una nueva serie de bonos denominados PROR III para la atención de las deudas consolidadas y los bonos BOCADE para las deudas no consolidadas cuya causa u origen, excedan el plazo tope de consolidación.

Los segundos, atenderían las deudas del Estado con reconocimiento judicial o administrativo, excluyendo "aquellas que tienen su origen en cuestiones salariales, previsionales, asistenciales", según expresa el proyecto.

Por su parte, fue el propio Beder Herrera quien confirmó que la provincia emitirá estos bonos. En el acto aniversario del Departamento Castro Barros, el gobernador sólo argumentó que: “En la Legislatura tenemos un bono para pagar los juicios contra el Estado que se pagarán a 20 o 30 años con las garantías de la provincia porque no podemos pagar de otra manera”.

Así, pagar las “deudas” es la principal explicación que Herrera utiliza para justificar la emisión de los bonos.

Son primos y Diputados Nacionales: Uno a favor y otro en contra

Sin embargo, desde la oposición insisten que esto una “barbaridad”, y que Beder busca su reelección pagando cada voto como se le antoje. De esta manera, el Diputado Nacional Julio Martínez aseguró: “Los proyectos son para hacer dos tipos de bonos para cancelar deudas y no sabemos cuáles son, porque no advertimos ningún problema económico que tenga la provincia. Las partidas coparticipables están llegando en tiempo y forma y se incrementan mes a mes por la mayor recaudación”.

Esas partidas, según dijo el legislador, incluyen los fondos coparticipables y extracoparticipables, fondos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), otros específicos para obras, educación y salud, además de la plata de la soja.

Ante esto, desde la oposición insisten que no hay motivos para que La Rioja emita los bonos. Porque si de pagar deudas se trata, “la provincia tiene un colchón superior a 300 millones de pesos en los bancos y tranquilamente las puede pagar con los fondos corrientes”.

Así, para los radicales el justificativo sería “financiar” la campaña de Beder Herrera porque “al gobernador no le dan los números para ser reelecto, por lo tanto va a necesitar gastar mucha más plata que la que gastó para ser electo. Pretenden hacer política y los bonos son el único camino que les queda, porque Beder está donde está por haber sido el voto más caro de la historia, gastó más que Obama por cada voto y ahora sabe que tiene que hacer algo similar, sino no llega”.

De esta manera la oposición fue contundente en apuntar que el gobernador quiere financiar su campaña electoral del 2011 y utiliza la excusa de las deudas para la emisión de los bonos.

“No vemos ningún justificativo para emitir los bonos y si hay deudas, queremos saber cuáles son, porque ahora la provincia está muy bien financieramente y es una de las mejores atendidas en fondos coparticipables y extracoparticipables por habitante, ya que recibe más que otras provincias. No se justifica que siendo la regalona de la Nación, todavía tenga que emitir bonos cuando otras que están peor, no lo hacen. Estos bonos de cancelación de deuda, se los darían a las empresas y ganadores de juicios pero tienen un término bastante largo y se presta para el negocio especulativo de la usura”.

Otra de las críticas apuntó al proyecto, el cual “no explica lo que pretenden pagar y son fundamentos muy escuetos”, fue lo que afirmó Martínez a la hora de entender los fundamentos de la legislación. Pero nuevamente, surgieron los verdaderos destinatarios de los bonos: “¿Qué deudas quieren pagar? ¿Son salariales, juicios perdidos, o a las empresas amigas del Estado? ¿Quieren pagarle deudas a Pircas Negras o necesitan bonos para financiar la reelección de Beder?”.

En contraposición a este análisis, Jorge Yoma defendió a los tan nombrados (y recordados), bonos riojanos asegurando que “son herramientas muy útiles”. También, dijo que todos los Estados las utilizan y sirven para “transparentar” las deudas del gobierno, brindando previsibilidad a los acreedores y ayudando al ahorro gubernamental.

“Si la provincia le debe a un contratista del Estado, les da un plazo para que acrediten la deuda. Porque muchas veces los reclamos se basan en cláusulas contractuales que no son válidas en el Estado. Sirven para determinar cuándo un reclamo es legítimo y cuándo no lo es, también para enfrentar los juicios cuando las deudas generan altos intereses”.

Ante estas declaraciones, queda claro que los Bonos de Cancelación de Deuda permiten ordenar las acreencias, las deudas del Estado y a partir de allí, el acreedor tiene certeza de cuándo y cuántos intereses se les va a pagar. Sin embargo, tal cual lo afirmó Yoma, esta herramienta debe ser utilizada con “gran responsabilidad”, y es aquí donde surge el mayor de los problemas, ya que teniendo en cuenta la larga lista de antecedentes en nuestra provincia, la palabra “responsabilidad” es poco conocida por los funcionarios.

“Transparencia”, es otro de los términos que aún cuesta encontrar y sin olvidar que dentro de unos meses, nuevamente la comunidad riojana decidirá mediante elecciones, a los futuros representantes, la genial idea de emitir bonos justo en este momento, da lugar a múltiples especulaciones.

La gran quimera

Pagar juicios y solventar obras públicas son las justificaciones que brindan desde el Ejecutivo provincial. No obstante, hay puntos necesarios a tener en cuenta.

Primero: El Bono es un instrumento de política monetaria, que en realidad no tiene respaldo, salvo el valor nominal del mismo. En la mayoría de los casos, los bonos son emitidos para financiar un déficit económico de los Estados.

Pero, en la actualidad la situación de La Rioja es muy particular, porque en principio con el aumento del punto de la coparticipación federal que hubo hace seis meses aproximadamente, no estaríamos en presencia de un déficit que justifique la implementación de una herramienta de este tipo.

Y es aquí donde inevitablemente, aparece la especulación, que emitir bonos es la mejor manera para mantener un colchón de dinero en las arcas del Estado Provincial. Pero de dinero real, de pesos reales y quizás la comunidad hasta podría tener entre sus manos un manojo de papelitos. Pero lo que parece haber sido olvidado por las autoridades actuales, es que las provincias que más emitieron bonos, fueron las que más sufrieron el efecto de la inflación, ya que muchos comerciantes llegaron a aceptar los bonos con quitas de hasta el 40 por ciento de su valor, para cubrir la pérdida que generó al convertirlos luego a pesos (según el Centro de Estudios Bonaerense).

Segundo: Esta determinación tiene un costo muy alto para las generaciones futuras, porque los bonos en realidad son documentos de pago diferidos, que generan obligaciones más allá de los períodos gubernamentales y si tenemos en cuenta que cada mandato tiene una cierta periodicidad, los actuales funcionarios gastarían plata a cuenta de la próxima gestión.

Tercero: No hay una verdadera justificación convincente para la emisión de los bonos. La provincia tiene muchas obras públicas de gran envergadura, que prácticamente están en el freezer y si bien es cierto que hay que darles continuidad, según el gobierno con este instrumento de pago solventarían las deudas consolidadas, es decir con contratistas y proveedores. Pero como empresa constructora, esta especie de “dinero” recibido en bonos, será canjeable dentro de años, porque históricamente en La Rioja, no hubo un bono que sea canjeado antes de los cuatro años. Ningún Estado lo hizo a seis meses por ejemplo, sino todo lo contrario: Lo hacen lo más diferido posible. Y aquí, también es claro que dentro de los costos de las nuevas obras, las empresas contemplarán un “pequeño” porcentaje extra, para recuperar lo que van a perder dentro de un tiempo, cuando realmente cobren, ya sea esperando el tiempo necesario, o canjeándolo con alguna fuerte empresa financiera que entregue el dinero de los bonos, a cambio de un `diego%´ que justifique la inversión. Y las más perjudicadas no serán las grandes firmas de otras provincias, sino las mismísimas empresas riojanas que no tendrán la opción de elegir, porque este sistema les será impuesto pero no por los funcionarios, sino por Ley.

Con todo esto, es necesario mencionar una vez más, que no es de mal pensados, pero las especulaciones realmente surgen por sí solas: Tranquilamente podría surgir un gran negocio de millones.

Los bonos, necesariamente tienen que pasar por la Casa de la Moneda para su impresión y en este caso, esta entidad sólo actuará como contratista del Estado provincial, sin tener ningún tipo de responsabilidad solidaria. Es decir, que sólo jugará el rol de una mera imprenta. Por su parte, la Legislatura los autorizará por Ley. Los mecanismos de cambio serán instrumentados en la normativa y más allá de su regulación, todos sabemos del valor depreciado de los bonos, porque éstos serán cambiados a mucho menos del valor nominal. Siempre fue así.

Pagar las deudas consolidadas para iniciar una nueva gestión de obras es uno de los argumentos y pagar viejos juicios el otro, pero esta vez pretenden recurrir a esta herramienta como instrumento de pago, de reconocimiento de deuda, de pago diferido. Quieren implementar un elemento de naturaleza jurídica medio raro. Un verdadero invento argentino, como lo son todos los bonos, insistiendo en la responsabilidad de su emisión; pero lo alarmante es que acudan a esto, justamente antes de un año electoral. Y aquí no se habla de años, sino de meses, porque quieren firmar un pagaré para utilizar la plata ahora y… ¡Después vemos cómo pagamos!

Porque si el gobernador hubiese tenido esta flamante idea al iniciar su gestión como tal, no resultarían tantas especulaciones, pero hacerlo en este momento sería como nombrar a funcionarios no escalfonados a última hora, justo antes de retirar un pie de la oficina, para que se las arregle el gobierno que viene.

Si el bono es tan útil como aseguran… ¿Por qué no fue lanzado antes, cuando aún no se contaba con el punto de coparticipación y la relación con la Nación era bastante hostil?

Tomar este tipo de medidas a estas alturas, genera un alto riesgo. En la provincia, las necesidades a resolver superan cuantiosamente a la cantidad de recursos disponibles, por ello podrían desear utilizar los bonos para aumentar la utilidad de los recursos, pero difiriendo la responsabilidad para más adelante. El bono es para eso, para diferir la responsabilidad y aumentar el circulante, pero no de dinero real, porque no es una moneda.

Así, este negocio con apoyo legal, obliga a todos a entrar en el sistema impuesto, ya que la Ley establece la norma de orden público y por lo tanto, no hay opción de elegir o no recibir los bonos. Es obligatorio. Esclavizarán en un sistema donde La Rioja terminará aceptando las reglas del juego, porque no queda otra.

Los que perderían no son los grandes inversionistas ni los funcionarios, sino las empresas riojanas. Porque mientras la Nación se opone a la emisión de bonos ya que podría generar una inflación, se especula que el pueblo también podría tener en sus manos, papelitos y hasta los comercios quizás tendrán que colocar carteles con las frases: “Aceptamos tarjetas de crédito y… ¡bonos!”. El actual gobierno, en busca de la reelección podría despilfarrar descomunalmente y el próximo gobierno… ¡Que se las arregle como pueda!