En el viejo oeste los hombres arreglaban sus diferencias a través del duelo. Sobre un territorio árido, dos personas enemistadas resolvían sus diferencias con las armas como amigas.

El resultado era sencillo: uno terminaba de pie con la punta de su revólver arrojando humo, mientras que su casual rival se desmoronaba, casi siempre sin vida, sobre el polvo de la derrota. Pero los tiempos cambiaron, son otras las leyes. Pero, ¿cambiaron realmente?

El terreno de batalla, lejos de ser pobre, se alza como un campo lucrativo e ideal para sacar rédito. Los códigos también se perdieron: hay una gran distancia de la seriedad del duelo, ahora las cuestiones se satisfacen en un marco de poder sin reglas. Algunos ejemplos son más que elocuentes.

Una jueza en la cuerda floja

El 2 del noviembre del corriente año, Narciso Valentín Brizuela y Jorge Ramón Alcalde efectuaron una denuncia penal en contra de Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz Letrado, de la II Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja con asiento en Chilecito. La razón: “mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

El 25 de noviembre del corriente año, el Consejo de la Magistratura recibió esa denuncia, no obstante, a más de dos semanas de tal presentación, hasta el momento los denunciantes Narciso Valentín Brizuela y Jorge Ramón Alcalde aún no recibieron respuesta alguna por parte de este organismo de contralor que justamente, se creó para controlar el desempeño de los magistrados.

“Por haber incurrido en la causa previa en el artículo 108 de la Constitución de la Provincia de La Rioja, por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, en los autos EXPE N° 14.272/08 caratulado “Brizuela Narciso Valentín y otros Información Posesoria” que se tramitan en el Juzgado de Paz Letrado de la II Circunscripción Judicial sede Chilecito”, es el argumento esgrimido por los abogados contra la magistrado.

Conjuntamente con el escrito de la denuncia, las pruebas documentales procesales corroborarían las graves irregularidades cometidas por la Magistrado. Además de la copia certificada del EXPE N° 14.272 “B”, se presentaron “tres fotografías correspondientes a las fojas 65 y 66 del EXPE citado anteriormente las cuales se encuentran certificadas por escribana María Vesely donde se observa el cambio de trazo y color de la tinta en la foliatura y fotografía del Decreto de fojas 68 que carece de firma del Secretario”.


El sueño del “título perfecto”

El motivo donde se cometen la mayoría de los delitos denunciados en el Juzgado de Chilecito serían los juicios de información posesoria.

De qué hablamos cuando hablamos. Dentro de nuestro sistema legal para aquellos poseedores, titulares de derechos y acciones posesorias de la época de antaño, nuestra ley establece un procedimiento que se llama información posesoria.

Esto permite que quien ejerce y realiza de manera efectiva actos posesorios sobre un determinado inmueble por los plazos previstos por la ley, puede iniciar un juicio de Información Posesoria y/o Prescripción Adquisitiva y donde se regulariza el título y a través de estos procesos se perfeccionan. De esta manera se inscribe dicho título en el Registro de la Propiedad y se logra un título perfecto.

La pesadilla del expediente imperfecto

Primera contradicción:

En el Expediente objeto de la denuncia, corrido el traslado de ley al Estado, éste se presenta fuera de término, a lo que el tribunal por ley lo tiene por presentado y domiciliado, pero no por parte.

El Estado no tan sólo consintió, sino que manifiesta expresamente que no afecta tierras o bienes públicos, manifestación sustentada en el informe de Catastro de La Provincia. Esto está fechado en 2009.

Ahora bien, la pregunta es: ¿Cuál, qué, quién o quiénes tienen interés para que el Fiscal de Estado, aparezca después de un año solicitando participación? si ya había dicho que no era parte interesada en el juicio? ¿Qué razones jurídicamente hablando tuvo el tribunal para conceder participación al Estado?

Dando por sentado la teoría de los actos propios, si alguien se contradice en un testimonio va preso, imaginemos por un momento lo que puede suceder con un juez que se contradice de tal manera en un mismo expediente. El asombro no tiene límites.

Conclusión: todo indica que estamos ante un documento “arreglado”, a gusto y placer, quien sabe bajo qué intereses.

Segunda contradicción:

El decreto en cuestión sería nulo además porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que toda firma de un juez debe estar refrendada por la firma de un Secretario, por lo tanto, todos los actos que le siguen son nulos, sin embargo, la jueza Yolanda Mercado siguió dando curso al trámite.

Tercera contradicción:

La Jueza toma una audiencia, en el acta figura el nombre del fiscal del Estado como parte por este Decreto. Esa misma audiencia terminó en una suspensión, el código establece que antes de cerrarla y firmar se tendría que haber certificado la continuidad de la misma, ya que el art. 32 del código del procedimiento Civil establece que toda audiencia debe iniciarse y terminarse sino es en el día, al día siguiente, pero debe terminarse. Esta audiencia se suspende el 3 de junio del 2010 y el expediente sigue como si nada. Esta audiencia corresponde al proceso, el trámite tiene la presentación de la demanda y los plazos en los que se pueden oponer se cierran cuando nadie contesta o contesta el Estado fuera de término, de ahí en más nadie puede opinar, lo que se dijo y se ofreció en calidad de prueba, está ahí terminado.

Siguiendo con el proceso, que no se habría dado en este caso, se abre la etapa probatoria, es un plazo donde el denunciante hace todas las diligencias para probar que las tierras son de su propiedad, en esta etapa se fijan las audiencias. Se fija una audiencia de inspección ocular donde va el tribunal a ver qué es lo que hay en el inmueble y se labran las actas correspondientes. Después viene la audiencia de vista de causa donde se cierra el proceso, la parte va a alegar sobre sus derechos, sobre las pruebas ofrecidas y probadas y hace los alegatos, y el tribunal en base a todas las cosas presentadas, pasan los autos a sentencia y es ahí donde el tribunal hace o no lugar a la demanda, ordenando en su caso de la escritura y se oficia al registro de la propiedad perfeccionando el título. Este es el proceso. Esto es lo dispuesto por la ley y hace a la lógica del sistema.

Cuarta contradicción:

En este expediente, como era de suponerse, las cosas distaron bastante de lo dispuesto por la ley. Luego de la audiencia que nunca se terminó, aparece el fiscal en escena y presenta un incidente, una serie de medidas contrarias a derecho, otra vez se oficia a la Dirección de Catastro para que se realice una nueva valuación fiscal. Pero como si fuera poco, el Fiscal de Estado presenta una perención de instancia, no siendo él parte para presentarla ya que su participación está fundada en un acto nulo por lo anteriormente expuesto. Mercado, le da nuevamente trámite, como si se tratara de una puesta en escena de un grotesco jurídico.

A la denuncia del 2 de Noviembre de 2011, se le estaba dando un trámite improcedente de acuerdo a lo que establecían los viejos juicios políticos, no de acuerdo a lo que instaura la Constitución Provincial cuando crea el Concejo de la Magistratura. Ni la búsqueda de cómo fueron las cosas en realidad, ni la intención de actuar dentro de lo que establecen los procedimientos jurídicos parecen darse en este caso, apenas la construcción de pruebas que convienen al poder de turno.

¿Cuál es el interés del Estado de volverse a presentar en el proceso? ¿Inmiscuirse o quedarse con las tierras de los poseedores?, ¿vamos a terminar a los balazos donde cada uno cuidaba sus tierras como podía por la injerencia del poder político?

El gobierno anuncia con bombos y platillos la creación de una ley para sanear los títulos en función de la tranquilidad de la comunidad y es el primero que lo entorpece creando la Secretaría de Tierras y Hábitat, con las sabidas expropiaciones a particulares que se han venido registrando de un tiemplo a esta parte, procedimientos en algunos casos, totalmente inconstitucionales, sino recordemos el caso del terreno donde se edificó la mentira del nuevo Hospital de Chilecito.

Entonces, ¿Qué es más importante, lo que dice la Secretaría o lo que establece la ley de fondo que es el Código Civil de la Argentina y los códigos de procedimiento provinciales?. El gobierno sabe la respuesta que no es la mejor para todos.

Todo indica que al poder no le conviene que la gente ejerza sus derechos. Qué pasaría si fueran más las denuncias de este tipo. Lo cierto es que a pocos días para que termine diciembre, con una denuncia presentada ante el concejo de la magistratura, la jueza Mercado no se quiere apartar de la causa. Quien tiene una recusación por parte de los interesados no debería ser quien entienda en este mismo juicio, es una cuestión de violencia por calificarlo de algún modo. Es raro que personas inteligentes tropiecen varias veces con la misma piedra.

¿No es complicado, para esas señoras y señores, defender la “verdad jurídica” si deben olvidarla frente a un poder “supremo”?. Como dijo Friedrich Von Schiller: “la palabra es libre, la acción es muda; la obediencia ciega”.