La defensa de los recursos naturales versus la imposición de la megaminería contaminante a cielo abierto, se convirtió en una lucha permanente. Desde Famatina aseguran que el gobierno provincial intenta criminalizar la protesta, y los ciudadanos se defienden judicializando sus reclamos. Aunque los vecinos no corren con la misma suerte de los funcionarios, a la hora de obtener respuestas de la justicia.

Las discrepancias con la diputada provincial Adriana Olima llegaron a un punto tal que aunque pese sobre su espalda un pedido de revocatoria de su cargo, aún continúa pregonando la megaminería y “comprando voluntades”, según denunciaron públicamente vecinos famatinenses. Es que a estas instancias, la funcionaria ni siquiera puede caminar por las calles de la cabecera y entregar “dádivas”, sin que un escrache la persiga. Incluso, quizás para evitar exponer a la legisladora, la directiva fuera no realizar acto alguno en la cabecera departamental, sino en los pueblos aledaños como Pituil y el mismísimo Campanas, tierra de Herrera y también de Olima.

Hasta hace unos días, los “beneficios y regalos” del gobierno incluyeron los pueblos mencionados además de Santa Cruz, La Cuadra y Potrerillos, donde la propia ministro de Desarrollo Social Teresita Madera -junto a Adriana Olima y el ahora renunciado viceintendente Armando Herrera-, entregó máquinas de coser y cucharones además de “dialogar” sobre los problemas que tiene la gente. Pero aquí, otra vez la cabecera sigue excluida como ocurrió con el camión de los DNI, como evitando que más ciudadanos obtengan sus DNI que les permita votar por NO en un inminente plebiscito megaminero.

Las denuncias abundan. Pedidos de informes al Ministerio de Educación, supuestas amenazas de muerte, despidos de docentes a cambio de tanques de agua… todo tipo de estrategias insólitas forman parte del escenario que hoy presenta un Departamento que tomó importancia nacional por la resistencia de sus ciudadanos y por la obstinación del gobierno que quiere explotar El Famatina al costo que sea.

Esta vez, el conflicto llegó por mencionar a las dos profesiones más antiguas del mundo: La prostitución y la política. Términos que si se unen, causan un fuerte impacto e inevitablemente, llevan a pensar en acciones como hacer de la mentira una forma de vida pública, vender ideales por privilegios temporales, adueñarse de los bienes del pueblo y sobre todo el abuso de la posición social. Prostitución política, es el concepto que gracias al accionar de los propios funcionarios ofendidos, hoy se escucha de forma casi habitual. Y fue lo que según aseguró la asambleísta Carina Díaz Moreno, le dijo a la diputada provincial de Famatina:

“En ningún momento me voy a echar atrás de mis dichos, es más los voy a repetir. Para mí, esta señora es una pobre prostituta política y donde se presente va a seguir siendo igual. Esto de cambiar de opinión, venderse y vender la conciencia de su pueblo por dinero, para mí es una forma de prostitución”.

El calificativo fue enunciado luego de la inauguración del horno incinerador en el hospital “Eleazar Herrera Motta”, el mismo que luego fue anulado por irregularidades. Ese día, Carina Díaz Moreno, Marcela Crabbe y Graciela Caballero se reunieron con la diputada Olima en la oficina de la Dirección del nosocomio local. Junto a la jefa de la Zona Sanitaria, una letrada y seis efectivos policiales, las asambleístas le ratificaron a la funcionaria su postura:

“Marcela (Crabbe), le dijo que así como no era bienvenida en Famatina, tampoco lo era en Chilecito, que no iban a tener la licencia social para la megaminería y los desastres que hace como funcionaria, que en lugar de legislar estaba buscando en todo momento comprar voluntades, también sobre los municipios paralelos en Famatina, la criminalización que hicieron, por ejemplo con Carolina (Suffich), que tiene cinco denuncias encima, y por los movimientos que hace esta señora en el Ministerio de Educación. Y ella… nos miraba con mucha soberbia, con omnipotencia”.

A su turno, Díaz Moreno admitió que le dijo algo similar: “Que no tienen licencia social, que el pueblo no la consideraba diputada, que no estaba legislando, que era una vergüenza lo que estaba haciendo, presionando al pueblo con los planes y que era una prostituta política”.

Como respuesta, le pidieron a la asambleísta que respetara a la funcionaria. “Les dije que era peor la falta de respeto de esta señora con el pueblo de Famatina”. Y luego, por voluntad propia Díaz Moreno dijo que se retiró del hospital. Pero este conflicto por la terminología utilizada, lejos de quedar entre esas paredes, pasó a un estudio jurídico y se mediatizó, difundiendo de manera masiva lo que muy pocos escucharon y ofendió a la legisladora.

Cartas documento e intimaciones que van y vienen…

El pasado martes, la Carina Díaz Moreno fue intimada por los abogados patrocinantes de la diputada, a retractarse “públicamente de los conceptos injuriosos vertidos en forma asertiva sin que sus expresiones insultantes se hayan vinculado a motivos de interés público (…)”.

Según el escrito de los abogados chileciteños, Ramón y Santiago Azulay, “dichas expresiones fruto de su resentimiento, fueron proferidas en presencia de varias personas y funcionarios que estuvieron en el recinto (…), cuando acusó a nuestra mandante de prostituta. Expresión a través de la cual, Usted desacreditó, es decir atacó de manera injusta la fama, crédito y reputación que goza nuestra poderdante, a la vez que también la deshonró atacando su honor subjetivo y autoestima, públicamente”.

Al parecer, a la funcionaria le molestó sólo el término “prostituta” y no la conjunción “prostituta política”. Pero la advertencia para la asambleísta fue clara: Iniciar acciones penales según el artículo 110 del Código Penal (“El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de un mes a un año”).

Pero la respuesta de Díaz Moreno, tampoco tardó en llegar y utilizando el mismo medio (carta documento), la ciudadana famatinense no sólo no se retractó de sus dichos, sino que los ratificó: “Ratifico cada uno de mis dichos. Niego que los conceptos por mí vertidos hayan sido injuriosos o insultantes y el haber usado lenguaje inapropiado. Cada uno de los conceptos y dichos vertidos, están relacionados con hechos de estricto carácter público, y realizados dentro de mis derechos constitucionales de manifestarme y expresarme respecto de cuestiones de interés político y general. En cuanto a la fama, crédito y reputación de Adriana Olima, los mismos guardan relación con su accionar, que es público y notorio”.

Y cual fuera un partido de fútbol, la pelota de las intimaciones pasó a ser manejada por el equipo contrario: “Intimo a Ud. y a su supuesta mandante a cesar en las intimidaciones y hostigamientos contra mi persona -incluso con consecuencias en mi vida profesional como docente-. Le notifico que he puesto en conocimiento de organismos de DDHH tal circunstancia”.

Pero el pecado de la asambleísta, también es evidente: “Ejercer sin reparo alguno mis derechos constitucionales a manifestarme y el deber de proteger el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano como ordena el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

Así, mientras Díaz Moreno asegura ejercer su rol de ciudadana, y defender su derecho a la libre expresión, con esto se suman las causas en su contra, ya que según confirmaron los abogados de la diputada “esto se va a hablar en Tribunales, se va a la Justicia directamente”.

A la diputada Olima le molestó sólo recibir el calificativo de prostituta y según Díaz Moreno, “la línea de gobierno del intendente hablaba de cuidar el medioambiente y preservar la fuente de agua, y esta señora era candidata por esa misma línea”. El posterior accionar de la funcionaria, fue suficiente para que sea considerada por una vecina de su mismo pueblo, como una “prostituta política”. Conjunción que para muchos provoca un impacto mucho más fuerte que ser sólo una trabajadora sexual, porque si se hace una comparación… “vender sus ideales y vender los intereses del pueblo al mejor postor”, sería más insultante que el intercambio de favores sexuales a cambio de dinero.