Lo que mal empieza, mal se remata

El Barrio Mis Montañas, nace como un programa de viviendas que se inicia alrededor del año 1997 a 1998. Este plan habitacional era patrocinado por una empresa constructora cordobesa L & A Construcciones (Lucero y Achaval), las viviendas en cuestión se ofrecían a través de una operatoria con el Banco Hipotecario. Uno de los requisitos que pedía la empresa para la inscripción al crédito era un monto de ingreso familiar de entre 1200 a 1400 pesos, en algunos casos se podían justificar esos sueldos a nivel familiar, en otros en cambio, se sumaron los recibos de sueldo de dos o tres familiares para superar el monto exigido y de esta acceder al sueño de la casa propia.

Con las condiciones aprobadas, la empresa construyó las viviendas, pero con un grueso incumplimiento por su parte, ya que esta garantizaba a los futuros adjudicatarios todos los servicios, que nunca se hicieron efectivos. Por su parte, el Estado provincial y el municipal, quienes en un principio habían cedido los terrenos a favor de los adjudicatarios, también fueron partícipes del incumplimiento de la empresa, ya que nunca controlaron los servicios de agua, gas, cloacas, asfaltado, cordón cuneta y forestación.

Con el tiempo, (muy poco tiempo por cierto), los adjudicatarios se dieron cuenta de las falencias que presentaban la mayoría de las casas, para ser más exactos, con el primer temporal de lluvia el agua comenzó a salir por las llaves de luz y a filtrarse por las paredes deteriorando considerablemente todas las instalaciones. A raíz de esta situación, los vecinos hicieron los respectivos planteos a la empresa constructora, previa solicitud sobre una reconsideración en los precios de las viviendas, la única solución que bridó en ese momento L&A fue un parche a tanto desperfecto generalizado, pero ya sabemos que las curitas solo tapan las heridas, de ningún modo las curan.

Considerando que las casas estaban sobrevaluadas, lo vecinos inician un juicio por sobreprecio al Banco Hipotecario y otro juico al Estado, específicamente al municipio de Chilecito por no asumir su función de contralor y verificar la construcción de las viviendas, a partir de este momento las chequeras comienzan a llegar con un monto cero y la deuda comienza a crecer.

A fines del año 2007, por iniciativa del diputado Enrique Molina y la aprobación del resto de los legisladores, nace una Ley Provincial en sintonía con una Ley Nacional, mediante la que se solicita que se dejen sin efecto todas las ejecuciones hipotecarias, es decir, la suspensión de todos los remates hasta un monto de 64 mil pesos del valor de la vivienda, con posterioridad esta misma Ley se modificó llevando el monto a 90 mil pesos. En la última sesión de la legislatura provincial con fecha del 22 de noviembre, esa Ley se prorroga hasta el año 2010.

A principios del año 2008, considerando los montos a los que ascendía la deuda con la entidad bancaria producto de la “mentirita” sobre los montos en los ingresos familiares, la crisis económica del país, el cambio monetario y otros infortunios; los vecinos solicitan la intervención del gobernador de la provincia, quien acto seguido pide una audiencia con las autoridades del Banco Hipotecario para llegar a un acuerdo en la refinanciación, sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran que la negociación nunca llegó a buen puerto, pese a la buena voluntad de algunos y a los intereses mezquinos de muchos otros.

Un envidiable negocio redondo

Es sabido que los negocios inmobiliarios se caracterizan por su alta rentabilidad, dejando de lado la causa por la venta de viviendas del APVyU en la provincia, tomemos como ejemplo el recientemente entregado Barrio “Presbítero Esteban Inestal”.

Según lo anunciado por el gobierno cada una de las 395 viviendas entregadas de aproximadamente 70 mts. cuadrados, tienen un costo de 90 mil pesos con una financiación que asciende a los 126 mil pesos, con cuotas mensuales de 350 pesos. Estamos hablando de alrededor de 1300 pesos el metro cuadrado, lo que equivaldría a construir una casa de primer nivel, con tejas, estufa hogar, piso de porcelanato, quincho y cochera.

La necesidad, como dicen, muchas veces tiene cara de hereje, ¿acaso a alguno de los adjudicatarios se les ocurrió tasar su vivienda para saber si realmente costaba 90 mil pesos?, ¿En qué medida el Instituto de la Vivienda se está abusando de la necesidad de la gente?. Lo cierto es que hay 395 familias que están felices con el sueño de la casa propia y está bien que así sea, pero no debemos olvidar que ningún gobierno, como ninguna de las entidades bancarias se caracteriza precisamente por hacer obras de caridad.

Hay un negocio muy grande con las viviendas, hay alguien llámese persona física o entidad que sede los fondos, se construyen las casas y se tasan con un valor altísimo. Casas que en realidad no superan el valor de los 50 mil pesos, son vendidas a un valor de casi el doble, sumado a los intereses por la financiación. Hagamos simples cuentas: En 900 casas con una diferencia de 40 mil pesos de sobrevaluado, son 36 millones de pesos de ganancias extras. Lo dicho, el negocio inmobiliario es rentable, y mucho más rentable para los poderosos que ofrecen viviendas a los pobres por supuesto.

Como vemos el negocio está en la sobrevaluación de las viviendas, también la razón del juicio que se inicia al Banco Hipotecario en el barrio Mis Montañas, considerando que son viviendas construidas en base a placas pre ensambladas con poca resistencia al deterioro por la humedad.

Demasiadas irregularidades y pocas explicaciones

Diario Chilecito, en un intento por conocer la situación particular de cada vecino del Barrio se reunió con algunos de ellos, con la sorpresa de ver cómo de a poco llegaban otros tantos con la intención de ser escuchados y expresar su temor por los remates que se aproximan.
José Luis Romero, nos relató la situación vivida por su familia cuando tres móviles policiales llegaban en compañía del Oficial de Justica Horacio González y la nueva titular de su vivienda para dar cumplimiento a la orden de desalojo librada por la jueza Norma de Massucheli de la ciudad Capital de La Rioja, mientras tanto, otros vecinos que estaban afuera de la vivienda, hacían gestiones ante los diputados provinciales para frenar las respectivas órdenes judiciales.

Romero, trabajó para la empresa constructora L&A como encargado de depósito, según sus palabras: “en ese tiempo (8 años atrás) cada casa financiada totalmente salía 30 mil dólares, -es decir, 120 pesos mil pesos actuales, una pequeña fortuna para alguien de clase media-. El banco nos exigía como mínimo un sueldo de 1500 pesos, como los potenciales clientes no daban con ese perfil adquisitivo se juntaron varios recibos dentro del grupo familiar”. Conclusión, el propietario de cada vivienda en su momento iba a tener problemas, como los que se detallan a continuación.

El orden es meramente práctico, no por grado de importancia, cada uno reviste una cualidad de gravedad que es insuperable a la anterior.

Primera irregularidad: Horacio González llega con una orden de desalojo, sin que a Romero le llegase una cédula de notificación que le permitiera saber que se iba a llevar a cabo el procedimiento, como sucedió con el caso de Edgar Melián quien sí recibió la notificación donde se le daba 10 días para desalojar y acto seguido por un trámite de su abogado pudo frenar la medida, hasta tanto el juez se expida sobre su caso, teniendo en cuenta que tiene tres hijos menores de edad y que es vivienda única.

Romero, sin la notificación enfrenta un nuevo plazo impuesto por la nueva propietaria de la vivienda quien en compañía de su abogado, dio plazo hasta el viernes para dar cumplimiento a la medida. Según lo relató el damnificado: “después de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte que había comprado la casa, nos dieron un compas de espera, sin embargo, la mujer de “Chicho” Herrera (hermano de Griselda Herrera, funcionaria del gobierno actual con grandes aspiraciones a ocupar el cargo de secretaría de Desarrollo Social), quería la casa ya. Me daba tiempo hasta la seis de la tarde, una cuestión imposible, en dos horas nadie puede desalojar una vivienda. El abogado (de la compradora) Arias, me dijo que ella quería entrar a la casa si o si a las 18 horas. En un momento dado han querido sacar las cosas a las calle, entonces el policía que aseguraba el operativo en ese momento dijo que de ninguna manera iba a acceder a sacar las cosas a la calle”. González nos dio la copia del papel de la compra donde figura el nombre del nuevo titular de la vivienda”.

Segunda irregularidad: como dijimos existe un marco legal que determina la inembargabilidad de la vivienda única, por considerarse un bien familiar, ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que una jueza dé curso a un desalojo, desconociendo el marco regulatorio que prohíbe tal medida? O pero aun, ¿cómo se explica que la magistrada en cuestión argumente no haber firmado tal documento y pide al propio Romero que le facilite el papel de compra de la vivienda (que entregó González) para verificar su firma?. Errar es humano, lo grave es que siempre se atenta contra los más desprotegidos. Y decimos desprotegidos, porque debemos tener en cuenta que pese a la voluntad de pagar la deuda que manifestaron en todo momento los vecinos, el Banco Hipotecario se habría negado a refinanciar la deuda.

Posterior al intento de desalojo, los vecinos acompañaron a los diputados Julio Cesar Pedroza, Enrique Molina y a la abogada María Luisa Rincón para concretar una reunión con la jueza Norma de Massucheli, que estaba estipulada para las 8:30 de la mañana, sin embargo, la jueza no les permitió a los vecinos estar presentes en dicha reunión, quienes esperaron durante tres horas en los pasillos para tener novedades del caso. Rincón, al término de la reunión les comunica a los vecinos que “la situación se puede arreglar porque hay cosas para arreglar”, en base a lo que dice la Ley nacional y provincial y en base al expediente de Romero que se encontraba precisamente en esa Cámara. En la carpeta del damnificado aparecen los garantes de la vivienda que para sorpresa de Romero, no eran los que él había tomado en el momento de acceder al crédito de la vivienda. Es decir que ante un inminente remate de la vivienda, la ley dice que deben notificarse los garantes para que ellos decidan el futuro del inmueble o puedan hacerse cargo de la deuda, pero los verdaderos garantes nunca fueron notificados de la situación, sino una persona de apellido Mercado que figuraba en el documento y que era totalmente desconocida por Romero. ¿Una picardía para llegar más rápido al remate o un simple error?

Tercera irregularidad: Si el banco quiere cobrar, entonces: ¿por qué no se busca la solución financiera?, según la entidad bancaria de Buenos Aires, la traba que tiene la provincia es el accionar del abogado Aníbal Sosa patrocinante en la provincia, del banco Hipotecario. Como se supone, el profesional ha llegado a una instancia con los remates que dar marcha atrás significaría perder horas de trabajo y una rentabilidad asegurada. En el caso del barrio Mis Montañas los remates ascenderían a unos 30 durante lo que queda del mes de diciembre. Si los vecinos negocian la deuda, el abogado perdería su comisión por los remates venideros, es lógico y entendible la situación aunque no deja de ser complicada. Y como el Banco no le paga a su abogado (Anibal Sosa) sus horas de trabajo, los vecinos sufren las consecuencias.

Por si fuera poco, trascendió que el gobierno estudia proponer al abogado del banco la suma de 3 mil pesos por cada uno de los adjudicatarios del barrio, para destrabar la negociación con la entidad bancaria, ahora, si el juicio todavía no está perdido para los vecinos ¿por qué deben ellos pagar los honorarios del abogado cuyo cliente es precisamente el Banco Hipotecario?

¿Cuál es la responsabilidad de la entidad bancaria que puso el dinero para la construcción de unas viviendas de pésima calidad?. La responsabilidad es la sobrevaluación de las viviendas ya que nunca mandó sus peritos para hacer efectivo el crédito, y así construir casas en buenas condiciones. Después de una año de gracia los vecinos esperan que el banco les dé una respuesta sobre la refinanciación, cabe destacar que en ningún momento el banco se contactó con los adjudicatarios, fueron ellos quienes buscaron una solución al problema.

Otra irregularidad… Hay propietarios a los que se les está cobrando dentro de la escritura de la vivienda el terreno que había sido comprado previamente a una cooperativa para que el Estado sea el garante de la construcción de las viviendas. El juicio que se inicia en Chilecito, luego pasa a jurisdicción de la capital de la provincia luego que el Tribunal local se declare incompetente, con un voto a favor de los damnificados que fue el del juez Daniel Flores y dos en contra de los magistrados Sofía Nader y Rubén Rejal.

Con respecto a la empresa constructora, la firma se disolvió luego que uno de los socios falleciera y el otro, se radicara en España.

Mientras tanto los vecinos hablan de la existencia de una “banda” de comerciantes (o mejor dicho amigotes del poder) que compran remates a muy bajo costo. Amiguitos de los poderosos que están lejos de leer los edictos que aparecen en los diarios con letra por demás minúscula. Sospechan de una o varias personas con relaciones dentro de la misma entidad bancaria y de los martilleros. Sino de qué otra manera se explica el remate de la casa de Romero sin una previa notificación a él o por lo menos a sus garantes.

¿Un sueño o una pesadilla?

El banco quiere cobrar. Los vecinos quieren pagar pero con una cuota accesible, mejor dicho coherente con la realidad económica de cada familia, un nuevo remate a la familia Dávila se espera para el 21 de diciembre próximo. Los vecinos se preparan para apoyar a la damnificada haciendo un nuevo acto de presencia en la vivienda e impidiendo el desalojo. El gobernador ha dicho que en el barrio no se va a quitar ni una casa.

Lo cierto es que hay un grupo de personas que quisieron comprar su vivienda a través de un crédito hipotecario, y hoy temen ser estafados. Manifiestan tener la voluntad de pagar una vivienda que haría posible el sueño de la casa propia pero la realidad es que todavía no encuentran una solución definitiva a su problema.

Mientras tanto, la sensación es que estamos frente a una estafa apañada desde los varios gobiernos que pasaron, ya que en ningún momento enviaron al barrio un perito para que verifique si era cierto o no lo que los vecinos argumentan. El Estado, se habría ofrecido a pagar los honorarios al abogado del banco (Aníbal Sosa), 3 mil pesos por cada adjudicatario, tan solo para que los vecinos terminen negociando la cancelación de la deuda con la entidad, que a estas alturas pide sumas irrisorias para cualquier trabajador de clase media. El banco pone las condiciones sin importar la situación particular de cada vecino, parece una usura legalmente institucionalizada, que figura en la página web institucional de la entidad crediticia con el slogan: Banco Hipotecario, creador de sueños… o de pesadillas con el nombre de DESALOJO, REMATE Y/O EMBARGO.