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"Se lo aprobó como vinculante, dado que creemos que la ciudadanía tiene la potestad absoluta de decidir sobre su futuro y que es lo que quiere en materia de proyectos productivos para el departamento Andalgalá", comentó el concejal Alejandro Páez, creador del proyecto sobre consulta popular para los vecinos del pueblo de Andalgalá.

La idea es convocar a todo el pueblo para que se exprese a través de la votación y decida si quieren o no que se instale otro emprendimiento megaminero. La fecha fijada para el referendo será el 25 de Mayo, en clara alusión al cumpleaños Nº 200 de la Patria y será una facultad exclusiva del CD.

"Hemos actuado en consonancia con lo que estipula la Carta Orgánica en su artículo 292, y con lo contemplado en la sección 7º, en el capítulo único de la Constitución provincial, donde se hace referencia a los municipios autónomos, y donde el artículo 247 dice que: ‘Los municipios autónomos deberán tener Cartas Orgánicas donde se deberán contemplar los derechos del ciudadano al participar de iniciativas, referendos, o consultas populares'", explicó.

El proyecto recibió 5 votos a favor contra dos en disidencia. El intendente andalgalense José Perea, del Frente para la Victoria, deberá promulgar la ordenanza, mientras el Concejo Deliberante anticipó que en caso de que sea vetada volverá a tratar el proyecto.

Recurso de amparo para el municipio

Conocida la noticia de la aprobación del Referéndum Vinculante Facultativo para que Andalgalá decida por el sí o por el no a la megaminería, donde la votación resultó con cinco votos a favor y dos en contra en el Concejo Deliberante, extraoficialmente se conoció que el Municipio recurrirá a la Justicia para que dictamine sobre ésta ordenanza.

Considerando el antecedente que existe sobre una acción similar que quiso impulsar el ex Intendente Ávila de Tinogasta, donde la Corte de Justicia de la Provincia falló en contra, expresando que no es facultad de un departamento decidir sobre minería, que es potestad de la provincia, en lugar de vetar la ordenanza promulgada en durante esta semana, el Municipio acudiría a la Justicia para que determine sobre la legalidad de éste acto administrativo, impulsado por los Concejales, Páez, Bernal, Ramos, Moreno y del Presidente del Concejo Deliberante Martin Garay.

Contrario a lo que tal vez esperaban los ediles de que el Intendente andalgalense vete la ordenanza, la vía judicial sería el camino adoptado para que se resuelva sobre esta candente cuestión.

Mientras tanto, todavía existen provincias como la nuestra, donde se intenta imponer a la megaminería como única opción de trabajo, desarrollo y progreso.

Cabe destacar que el pueblo de Andalgalá parece haber madurado, luego de una opresión megaminera que lleva unos 12 años en el lugar. Puede que el pueblo de La Rioja aprenda de esta experiencia de su provincia vecina, aunque muchos prefieren vivir de sus propias experiencias aunque se tenga que pagar el costo de la prueba y el error.

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